Uno de los puntos centrales de la misma insistía en que todos los funcionarios que presten servicio en territorios con lengua propia -cooficial o no- tengan la obligación de conocerla. Este requisito, finalmente, ha sido rechazado.
También se ha descartado la exigencia de acabar con la exclusividad de la que goza el castellano en la normativa estatal
El Partido Popular, Ciudadanos y Vox se han posicionado en contra de la iniciativa por entender que el único objetivo es avanzar en la destrucción de la identidad nacional perseguida sistemáticamente por el independentismo.
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