marzo 28, 2024
OPINIÓN

Dudas en torno a la integridad de las elecciones presidenciales estadounidenses

Por Guillermo Rocafort |

Llevo analizando con verdadero interés y dedicación todo lo concerniente a las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Desde un primer momento, ya el día 6 de noviembre, poco después de las elecciones, emití en un medio de comunicación internacional (Rusia Today) mis impresiones sobre que la situación (electoral) era crítica desde el punto de vista de la transparencia y de la confianza en el resultado final”.

Posteriormente he publicado un par de artículos en El Confidencial Digital que ahondan en mis dudas crecientes al respecto.

El primero, el 12 de noviembre, titulado La necesaria repetición de elecciones presidenciales en Estados Unidos”.

Y el segundo, el 20 de noviembre, titulado Violencia electoral en Estados Unidos”.

Cada día le dedico varias horas a profundizar en esta cuestión, hasta que por fin me he decidido a, yendo más allá de mis propias percepciones informativas al respecto, llevar a cabo un estudio con rasgos científicos que acredite que hay dudas sobre la integridad de dicho proceso electoral.

ANÁLISIS DEL PROCESO ELECTORAL EN LOS ESTADOS UNIDOS

En el estudio titulado “Corruption and Coercion: The Year in Elections 2017” cuyos autores son los profesores universitarios Pippa Norris, Thomas Wynter y Sarah Cameron, avalado por el “The Electoral Integrity Project” y por las Universidades de Sydney y Harvard (en este último caso por el John F. Kennedy School of Goverment, fuera por lo tanto de toda sospecha, pues lleva el nombre de un Presidente de los Estados Unidos como el demócrata Kennedy, con sospechas de que le ganó por pucherazo unas elecciones a Nixon en 1960), y publicado en Marzo de 2018, se pueden extraer conclusiones muy interesantes.

Se puede descargar pinchando sobre este enlace. 

Por de pronto, el cómputo que realiza dicho estudio sobre la Integridad Electoral del sistema electoral de Estados Unidos nos dice que ocupa una posición muy mala con respecto a las Naciones Occidentales; en realidad está por debajo de todas las Naciones de Europa Occidental.

Su indicador de integridad electoral (PEI) es de 61 sobre 100, lo que le aproxima a la zona de integridad electoral moderada, por debajo de Túnez (68), Cabo Verde (71), Ghana (65) y Jamaica (67), por poner unos solos ejemplos.

Entrando en concreto en ese PEI de 61 en Estados Unidos para el periodo 2012-2017, hay subdivisones de dicho índice que también merecen su lupa y análisis.

• Patronazgo ofrecido a sus electores (“Patronage Offered”): 56 sobre 100. Se refiere a que las políticas llevadas a cabo por los candidatos elegidos se centrarán en beneficiar a sus electores, y no al conjunto del país.

• Temor a la Violencia política (“Feared Violence”): 53 sobre 100. Aquí habría que enmarcar la violencia electoral llevada en la calle con los movimientos BLM (“Black Lives Matter”) y Antifa de índole izquierdista “demócrata”.

Dicho Informe continúa en su página 31 afirmando que en la campaña presidencial de 2016 los republicanos manifestaron serias desconfianzas relativas a vulnerabilidades por fraude electoral; como por ejemplo, votos duplicados, votos por otras personas y votos sin cualificar previamente.

Ya entonces, el Presidente Trump dijo que millones de personas habían votado ilegalmente y lo cuantificó en una cifra superior a los tres millones de votos fraudulentos, lo que tuvo su impacto y trazas de verosimilitud en un 25% de la opinión pública estadounidense según una encuesta realizada.

Por su parte, los beneficiarios de estas desviaciones fraudulentas, el Partido Demócrata, alegaban en respuesta que poner controles en dicho segmento de votos fraudulentos supondría una restricción en los derechos al voto en determinados sectores vulnerables, como los más pobres económicamente, los discapacitados o las minorías.

En este mismo sentido, la ACLU(Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), una especie de ONG de carácter progresista, ahonda en esa oposición frontal a devolver integridad al sistema electoral, afirmando “voting rights are under attack from laws making it harder for Americans to cast a ballot, include measures cutting early voting, implementing voter ID laws, and purging electoral rolls”(“Los derechos de voto están siendo atacados por leyes que dificultan que los estadounidenses emitan su voto, incluyendo medidas que impiden votar a los más jóvenes, implementando leyes de identificación de votantes y purgando los censos electorales”).

En definitiva, los demócratas basan su argumentario pro-defensa del descontrol electoral en que son ellos los que defienden a los sectores vulnerables, lo que justificaría el mantener la situación actual, así como sosteniendo que identificar a los votantes y limpiar los censos de votantes que ya no deben continuar ahí son “ataques” a los derechos al voto.

Por otro lado, el ataque infundado que llevaron a cabo los demócratas sobre las injerencias rusas en las elecciones presidenciales de 2016 también contribuyó a que se desplomara la confianza en unas elecciones limpias (según una encuesta de Gallup, sólo el 30% de los estadounidenses expresaron confianza en esas elecciones, frente a un 52% de una década antes).

Ya dentro del estudio sobre integridad electoral llevado a cabo en 2016 se ve como están afectados en sentido negativo en su integridad electoral Estados que han sido decisivos en las elecciones presidenciales del 2020, como Wisconsi, Pensilvania y Arizona (página 32 del informe precitado).

En el gráfico siguiente tenemos la evolución de los PEI en las elecciones anteriores a la actual:

Si nos centramos en las presidenciales del 2016 vemos que hay graves carencias en las Leyes electorales, en la delimitación de los distritos electorales (“boundaries”), en el registro de los votantes, en los resultados e incluso en la cobertura de los medios de comunicación a dichas elecciones (las grandes cadenas de televisión no están pareciendo neutrales).

Finalmente, en las elecciones legislativas del 2018 se anticipaban ataques contra la cyberseguridad en los registros electoralescomo una de las principales preocupaciones de los expertos electorales.

Por otro lado, existe otro estudio científico adicional muy interesante que requiere su análisis.

Se titula “Electoral Integrity in the 2018 American Elections (PEI-US-2018)” y se puede descargar aquí.

En cuanto al Mapa de percepción de integridad electoral (de 0 a 100) por Estados en las elecciones legislativas de 2018, se puede confirmar que son los Estados decisivos en las elecciones presidenciales del 2020 los que peor puntuación tienen en integridad electoral.

Por ejemplo, Georgia está con 48 en zona de peligro de baja integridad electoral, por debajo de 50. Arizona tiene 62, Michigan62, Wisconsi 63 y Pensilvania 62, todos con unos muy estrechos márgenes a favor de Biden justo en la fase final del recuento del voto por correo.

Si analizamos la evolución del índice PEI y sus componentes en las elecciones legislativas del 2016 y 2018 vemos que se repiten las malas percepciones de integridad electoral en cuestiones como las leyes electorales, los límites de los distritos, el registro de votantes y la financiación de las campañas.

En cuanto a la frecuencia de los problemas electorales que ocurrieron en las elecciones del 2018 creo que debemos señalar los siguientes: desinformación de los medios, vulnerabilidad de hackeo de los registros electorales, violencia contra algunos candidatos, pucherazos, múltiples votantes, votos ilegales, entre otras cuestiones también a analizar.

CONCLUSIONES

Parece claro que, en base a lo anterior, la victoria “demócrata” en las elecciones presidenciales del 2020 se ha cimentado sobre los Estados con menos integridad electoral de ese país, lo cual siembra de grandes dudas la legitimidad de la victoria del candidato “demócrata” Biden.

Por otro lado, llama la atención que el propio Biden no haya respondido a las acusaciones vertidas por sus contrincantes electorales sobre el posible fraude electoral, a pesar de que un sector importante de sus apoyos políticos le emplazan en ese sentido; es cuando menos sospechoso que el candidato demócrata no sea capaz en este momento de certificar la integridad de su victoria electoral, lo que habría que interpretarlo, a mi juicio, bajo el riesgo que conllevaría para él una mentira de esa gravedad en un país donde el mentir es peor que un delito.

En cuanto al papel de los medios de comunicación masivos, lo que allí se llama el “mainstream”, me sorprende su persistencia tozuda, infundada e irracional en exigir que el Presidente Trump ceda y reconozca la victoria de Biden sin que se hayan investigado judicialmente aún las graves acusaciones de pucherazo, cuando esos mismos medios televisivos y de prensa escrita han estado durante cuatro años alentando las falsas sospechas de la injerencia rusa en la primera victoria electoral de Trump, deslegitimándola así de esta manera tan evidente.

Pero es que ni siquiera han llevado a cabo investigaciones periodísticas sobre las irregularidades ya evidenciadas, como los miles de votos que han aparecido en Georgia sin computar (zona de baja integridad electoral), o las extorsiones a los certificadores republicanos de las elecciones en el Estado de Michigan (zona de moderada integridad electoral), por citar dos solos ejemplos; pareciese que hay un consorcio monopolístico en los medios televisivos estadounidenses que no sólo han alentado unas encuestas electorales completamente tendenciosas en contra del Presidente Trump sino que además son una acorazada informativa monopolística tendente a atornillar a Biden en la Casa Blanca como sea.

Podríamos estar ante evidencias de una Dictadura televisiva que coarta el principio de la libertad de expresión, prueba de ello es el apagón unánime en las ruedas de prensa del Presidente Trump, o su negativa reincidente a investigar aquello que no satisface sus intereses políticos, económicos o ideológicos.

Existen otros daños colaterales en toda esta cuestión; en caso de llegar Biden a la Casa Blanca su legitimidad va a estar seriamente afectada. La mitad de la población, o quizá más, le va a rechazar completamente (se empezarán a ver episodios de violencia) y va a carecer de la fuerza moral para mantener a su país unido ante los terribles desafíos que enfrenta (Covid, guerra comercial contra China, insoportable división interna, etc…).

Los republicanos le van a hacer la guerra total, tanto en los Estados donde mandan como en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos, porque razones y ganas no les faltarán.

En definitiva, nos vamos a encontrar en cualquier caso con una deslegitimación ante amplios sectores de la opinión pública, provocada por la hipotética falta de integridad de una victoria electoral, que socavará incluso la credibilidad del propio sistema democrático, algo que de no evitarse saltará a otros países de Occidente donde ya se manifiestan abiertamente sospechas sobre sus sistemas electorales, lo que sumará otro elemento de desestabilización en este nuevo y futuro contexto internacional tan perturbador.

Puede que Biden finalmente se convierta en el nuevo inquilino de la Casa Blanca, pero será a un coste excesivo mediante una victoria tan pírrica que quizá no merezca la pena para nadie.

En mi opinión, sólo un nuevo proceso electoral en los Estados afectados, con las debidas garantías y solventando todas las cuestiones indicadas en este artículo, puede garantizar que los próximos cuatro años de ese gran país discurran en una senda de paz y de prosperidad.

Es algo que sucedió en las elecciones presidenciales de Austria hace 4 años y ello cerró las heridas abiertas por el proceso de escrutinio de los votos por correo con graves déficits de integridad electoral, como los que allí existen. Estados Unidos puede aquí copiar algo bueno de la vieja Europa.

De lo contrario, será el caos, y desde luego a Europa nos salpicará, y muy fuerte, porque cuando allí estornudan, aquí acabamos tiritando.

Guillermo Rocafort es profesor de Economía Pública y Economía de la Empresa en la Universidad Carlos III de Madrid; licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado en Derecho por la UNED, con diploma en Estudios Jurídicos Avanzados por la Universidad Autónoma de Madrid.

Vía Infolegal

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad