El tema de la vivienda

Por Santiago Casero

A principios de la década de los 60 del pasado siglo, España vivió una migración masiva desde lo que hoy conocemos como España despoblada hacia los núcleos industriales como eran Madrid, Barcelona o Bilbao, principalmente.

En cuatro años, el Ministerio de Vivienda construyó más de 4,500.000 de viviendas sociales para paliar ese trasvase que la mecanización del sector agrícola había provocado.

Y no considerándose suficiente, el mismo ministro falangista, José Luís de Arrese, promulgó en 1964 la Ley de Arrendamientos Urbanos. Tras la guerra civil, en las devastadas ciudades tras la lucha fratricida, surgieron los inevitables especuladores que compraron edificios enteros a precio de saldo.

Con esta Ley, los alquileres estaban regulados. Su precio se revisaba anualmente según el IPC y su duración era de por vida para el firmante y prorrogable, por solo una vez, durante la vida del hijo que era subrogado en el mismo. Si un propietario necesitaba el piso para uno de sus vástagos, tras demostrarlo, el contrato se rescindía. Si tenía 15 propiedades, el inquilino permanecía sin problemas. Aquello se conoció como la renta antigua.

En 1988, Miguel Boyer, ministro de economía socialista, perteneciente a la Trilateral antecesora del club Bilderberg, derogó la ley promulgada por el ala más social de la Falange.

Eran los albores del boom inmobiliario. Los años en que aún soñabas con casarte, adquirir una vivienda y formar una familia. Años en los que te salía más barato comprar hipotecándote a 30, 40 o 50 años que alquilar sumando el riesgo que a los 5 años no te renovasen el contrato.

¿Y por qué era esto así? Porque con la desaparición de la LAU habían vuelto a aparecer los especuladores y, ayudados por una inmigración descontrolada, hacinaban en viviendas a estratosférico precio los luego conocidos como pisos patera y, ahora, alquileres turísticos. Mafias extranjeras que insultaban ese derecho constitucional a una vivienda digna.

La vivienda social falangista pasó a ser vivienda de protección oficial. Y, aduciendo una enfermedad que producía una parte, decidieron «eutanasiar» el todo. Alegando que un porcentaje de los beneficiarios no pagaban la renta o destrozaban las viviendas, la administración optó por vender el paquete total a fondos buitres como Blackstone, la filial española de la multinacional Blackrock.

Como se llamaba en el argot de los 70, las viviendas adquiridas tenían «bicho». Pero estos «bichos» tenían fecha de caducidad y la fecha era marzo de 2021. Ahora, los fondos carroñeros, a la finalización del contrato ofrecen tres alternativas: comprar el piso, para lo que no tienen dinero los inquilinos; aumento de la renta, de 300 a entre 800 y 1.000 euros o irse a la puta calle.

Y ahí es donde Podemos, con ese Espinar que especuló con su VPO, con ese Iglesias que cambió la vivienda de su tía por la mansión de Galapagar o ese Echenique que supongo que para vivir le sirve una plaza de garaje, lloran porque quieren una Ley de Vivienda justa cuando solo deben hurgar en el BOE y ver que ya existió en España.

La memoria no la pueden borrar retirando las placas con el yugo y las flechas con las que, a modo de firma, Arrese rubricó una auténtica obra social. Pero estas lloronas maleducadas saben que, si no sirven a la Agenda 2030, no se van a comer ni una mierda a la altura de su catadura moral o social

SANTIAGO CASERO
Politólogo y analista político. Ha sido subdirector de la revista NOSOTROS y CIŔCULO AHUMADA. Tertuliano en los programas «Punto de Vista» e «Intertulia». Colaborador en numerosos diarios digitales.