La delegada del Gobierno contra la violencia de género investigada por denuncia falsa

 Se trata de una nueva actuación judicial dentro de un proceso que se inició tras el despido de la empleada. Fue entonces cuando la mujer., de origen boliviano, interpuso la primera denuncia contra Rosell y su marido, Carlos Sosa, en los juzgados.

Un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria investiga a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell por los presuntos delitos de denuncia falsa y simulación de delito contra su exempleada del hogar.

Según consta en un auto adelantado por la emisora Onda Guanche, el juzgado número 7 de la capital grancanaria ha abierto diligencias previas en respuesta a la querella presentada en noviembre por la extrabajadora. En el texto, el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca entiende que los hechos que describe «presentan características que hacen presumir la posible existencia» de los citados delitos.

 Se trata de una nueva actuación judicial dentro de un proceso que se inició tras el despido de la empleada. Fue entonces cuando la mujer., de origen boliviano, interpuso la primera denuncia contra Rosell y su marido, Carlos Sosa, en los juzgados. Por despido improcedente. Les reclamaba una indemnización de 11.000 euros, tras ser despedida mientras se encontraba de baja laboral, en plena pandemia del covid-19 además de denunciar varios pagos en negro. En esa ocasión, la justicia desestimó la denuncia al considerar que se trató de un desistimiento legítimo del empleador.

Rosell por su parte presentó una denuncia contra la que fuera su trabajadora, Simona Chambi, por extorsión, amenazas o coacciones y estafa procesal pero la Justicia también la desestimó al no ver ningún comportamiento constitutivo de infracción penal. Ahora, esta denuncia, presuntamente falsa, es la que ha llevado a la extrabajadora a querellarse contra Rosell, para la que pide tres años de prisión y la imposición de una fianza de 60.000 euros con la que hacer frente a una posible indemnización «por el lucro cesante y los daños morales sufridos durante los últimos dos años».

Chambi deberá declarar ante el juez el próximo 20 de febrero. Entonces tendrá que  ratificarse en los hechos que imputa a la exjueza Rosell.