Es Palestina un Estado?

Por Alan M. Dershowitz

La muy politizada Corte Penal Internacional (CPI) acaba de conferir estatalidad a los palestinos. Lo ha hecho sin negociar con Israel, sin llegar a compromiso alguno y sin que haya fronteras reconocidas. Lo ha hecho sin la menor autoridad para ello, porque el Estatuto de Roma, por el que se constituyó, no contiene ninguna provisión que le permita reconocer nuevos Estados. Además, ni Israel ni EEUU ratificaron dicho tratado, así que las decisiones de la CPI no les vinculan. Esta decisión, por cierto, tampoco vincula a los signatarios, dado que excede las competencias de la supuesta corte.

Digo «supuesta corte» porque la CPI no es un auténtico tribunal en ningún sentido relevante de la palabra. A diferencia de los tribunales de verdad, que tienen estatutos y legislaciones que interpretar, la CPI simplemente se las inventa. Como acertadamente ha destacado el juez discrepante, la decisión sobre Palestina no está basada en ley alguna. Sino simplemente en política. Y la política subyacente a la decisión de la mayoría se basa en aplicar un doble rasero a Israel, como llevan tanto tiempo haciendo la ONU, la propia CPI y otros entes internacionales.

Hay muchos otros grupos humanos –como los kurdos, los chechenos y los tibetanos– que demandan algún tipo de independencia. Pero, hasta la fecha, ni la CPI ni el resto de las instituciones internacionales se la han otorgado. En cambio, los palestinos –tanto de Gaza como de la Margen Occidental–, que se niegan a negociar de buena fe y han recurrido al terrorismo como principal herramienta de reconocimiento, han visto recompensada su violencia con esta decisión.

Israel, que en varias ocasiones ha ofrecido la estatalidad a los palestinos a cambio de la paz, ha sido castigado por su disposición a negociar y su determinación a proteger a sus ciudadanos del terrorismo palestino.

Hay tantos graves crímenes de guerra –y otras violaciones de las leyes humanitarias– en el mundo que la CPI deliberadamente ignora… El fiscal general considera parte de su labor apartar el foco de los países del Tercer Mundo, donde suceden muchos de esos crímenes, y dirigirlo hacia las democracias occidentales. Qué mejor objetivo de esa perversa forma de acción afirmativa que Israel. Digo perversa porque las auténticas víctimas son los ciudadanos del Tercer Mundo cuyos líderes los mutilan y matan.

Por su parte, Israel tiene un mejor registro en derechos humanos, imperio de la ley y preocupación por los civiles del enemigo que cualquier otro país que afronte amenazas comparables. Según el experto militar británico Richard Kemp, «en la historia de la guerra, ningún país ha hecho más por evitar bajas civiles que Israel durante la operación Plomo Fundido». El Tribunal Supremo israelí ha impuesto restricciones abrumadoras a sus militares y procurado soluciones sustanciales a actos criminales cometidos por soldados israelíes.

El rol de la CPI, según su tratado constitutivo, es injerirse en la soberanía de las naciones sólo si no son capaces de administrar justicia. El principio de complementariedad está pensado para permitir a los tribunales de países democráticos como Israel solucionar sus propios asuntos en el marco del respeto a la legalidad. Sólo cuando la Judicatura fracasa totalmente a este respecto tiene la Corte jurisdicción, incluso en casos que impliquen a signatarios de su tratado constitutivo, que no es el caso de Israel.

Estados Unidos debería rechazar la decisión de la CPI no sólo porque es injusta para con su aliado Israel, sino porque sienta un peligroso precedente que podría ser utilizado contra los propios EEUU y otros países que operan bajo el imperio de la ley. Israel debería objetar la decisión, pero cooperar en cualquier posible investigación, porque la mejor defensa es la verdad. Que una investigación llevada a cabo por la CPI pueda producir la verdad es cuestionable, pero la evidencia –audios y vídeos incluidos– hará más difícil a los investigadores de la CPI distorsionar la realidad.

En definitiva: la decisión de la CPI sobre Palestina es un revés para la adopción de un solo criterio en materia de derechos humanos, una victoria para el terrorismo y un desincentivo para la negociación de la paz. Y un poderoso argumento contra la incorporación de EEUU e Israel a esa corte tendenciosa para darle alguna legitimidad.