Hacia un proceso constituyente

Por Sergio Durán|

Ayer el Congreso certificó apenas sin oposición (194 votos frente a 53) el Decreto del Gobierno por el que se mantendrá durante seis meses el Estado de Alarma.

Resulta inútil, y a buena parte de la oposición así le ha resultado, realizar una interpretación pro derechos de la Ley 4/1981 que regula estos tipos de situaciones, alarma y excepción. Pero el sentido común nos dice que algo chirría, porque cuando se trata de derechos fundamentales, la seguridad jurídica es primordial. Así, supongamos que el decreto no llevase seis meses sino setenta años; más o menos lo que duró la Unión Soviética. La razón para echarnos las manos a la cabeza ¿sería de grado?. El Derecho no entiende de cantidades, sino de cualidades. Sería tanto como decir que homicidio es si matas como a más de tres personas, así, pero más o menos.

Los españoles no lo van a notar, porque la razonabilidad de la medida es cacareada constantemente en españavisión, y se va a cumplir el paradigma de la dominación; que los dominados acepten el razonamiento del dominador para ejercer la dominación sobre ellos. Esto es, el gobierno limita y restringe el ejercicio de derechos fundamentales de reunión y de circulación por todo el territorio nacional porque dice, y yo me lo tengo que creer aunque España tenga las peores cifras del mundo hasta la fecha, que así nos salva la vida. La paz de los corderos.

Correspondía al Congreso en su conjunto y a la oposición en particular, oponerse. Pero en apenas cinco horas el debate finalizó sin ni siquiera el presidente presente. Se ha comparado en algún artículo a Sánchez con Rajoy en su moción de censura. Nada más lejos. Rajoy huyó, Sánchez despreció.

Los tres partidos de la oposición han dado tres versiones de su postura. Desde los ruegos lacrimógenos de Arrimadas para que le dejen entrar en el club de la izquierda, a los que nos lleva acostumbrándonos desde marzo, pasando por la abstención de Casado y el anuncio de repetición en lo que a petición de ayuda a Europa se refiere, y terminando por un Abascal que tras su negativa, la única, prefiere usar los mecanismos en derecho interno, esto es, el Tribunal Constitucional.

Ninguna de estas medidas parece que vaya a tener efectividad. Desde luego Arrimadas debería darse cuenta que nunca va a ser “uno de los nuestros”, y que lo único que está consiguiendo es legitimar el cambio de régimen, dando por bueno el relato que justifica la dominación.

La capacidad de la Unión Europea de defender sus principios en cada uno de los Estados miembros se basa únicamente en la actual coyuntura respecto a nosotros, en los dineros que tiene destinados a España. Es una sola oportunidad que de materializarse provocaría un fuerte antieuropeismo por insolidaridad frente a España, facilitando la salida, lo que quizá en el fondo pudiese ambicionar la izquierda.

Y el Tribunal Constitucional, al que invoca Vox, además de llegar tarde, es un legislador negativo que adolece de cierta politización en el nombramiento de sus miembros.

Illa sabía lo que hacía cuando reclamó un respaldo abrumador. Al negarse el PP a decir no, ya ni siquiera la Corona podrá defender mediáticamente la Constitución.

Pero no perdamos de vista el foco. Lo importante es que el sistema ha fallado. Que el Congreso ha decidido claudicar de su función porque total ¿para qué? si las mayorías ya están hechas. La soberanía popular puede canalizarse a través de los partidos, no hace falta Congreso. Pero el asunto se complica más, porque la ejecutividad de la restricción y limitación de los derechos fundamentales de los ciudadanos se va a realizar a través de las Comunidades Autónomas; realmente a través de los presidentes autonómicos, como autoridad delegada.

La entrada en escena de los denominados barones en el festín constitucional completa el círculo. Legitimando con sus acciones, sean del sentido que sean, la desaparición de facto del Parlamento, y lo que es más importante, demostrando que son capaces de tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin necesidad de ratificación judicial.

Seis meses más tarde, en la onírica concepción de la realidad que tiene la izquierda, estaremos en disposición de abrigar el debate que nos introducirán de una nueva España para una nueva normalidad, republicana y federal, mediante un nuevo proceso constituyente, muy alegre y muy correcto. Al tiempo.

Sergio Durán